Declaran INEXEQUIBLE la prohibición tener familia antes de incorporarse como soldado profesional

La Corte Constitucional determinó que exigir para la incorporación como soldado profesional ser soltero, no tener hijos o unión marital de hecho, configura una vulneración de los derechos a la igualdad y de autonomía personal, razon por la cual declaro inexequible el numeral segundo del articulo 4 del Decreto Ley 1793 de 2000 que señalaba:

ARTÍCULO 4. REQUISITOS PARA INCORPORACIÓN. Son requisitos mínimos para ser incorporado como

soldado profesional:

a) Ser colombiano.

b) Inscribirse en el respectivo Distrito Militar.

c) Ser soltero, sin hijos y no tener unión marital de hecho.

d) Ser mayor de 18 años y menor de 24 años.

e) Acreditar quinto grado de educación básica o en su defecto presentar ante el Comando de la Fuerza un examen

de conocimientos básicos.

f) Ser reservista de primera clase de contingente anterior o último contingente y presentar certificado de buena

conducta expedido por el Comandante de la Unidad a la cual perteneció; o ser reservista de primera clase de

contingentes anteriores a los dos últimos o de segunda o tercera clase que se encuentre en condiciones de recibir

un entrenamiento especial.

g) Reunir las condiciones psicofísicas de acuerdo con las disposiciones legales vigentes para el personal de las

Fuerzas Militares.

Asi mismo, condiciono el el numeral 2º del literal a) del artículo 8º y el artículo 10º del Decreto Ley 1793 de 2000, que permitian el retiro por disminución de la capadidad psicofísica de los soldados profesionales, estableciendo que solo debe proceder, cuando el concepto de la junta médico laboral sobre reubicación no sea favorable y sus capacidades no puedan ser aprovechadas en otras actividades.

Dicha decisión fue comunicada mediante comunicado de prensa del dia 13 de Junio de 2018, el cual se transcribe para mayor comprensión:

Según lo expuesto por el demandante, el requisito establecido en el literal c) del artículo 4º del Decreto Ley 1793 de 2000, para incorporarse como soldado profesional, desconoce los artículos 13 y 16 de la Constitución Política, debido a que resulta discriminatorio y desproporcionado. A su vez, sostuvo que los artículos 8.2 y 10 del mismo Decreto, quebrantan los artículos 13, 53, 54 y 93 de la Constitución y 27 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ya que permiten el retiro del servicio activo como soldado profesional, por disminución de la capacidad.

Como cuestiones previas, la Corte (a) descartó la configuración de cosa juzgada respecto de las sentencias C-1713 de 2000 y C-923 de 2001, que había sido alegada por un interviniente; (b) evaluó la aptitud de la demanda, en donde encontró mérito para adelantar los juicios de inconstitucionalidad propuestos; y (c) efectuó la integración normativa de la totalidad del artículo 10 del Decreto Ley 1793 de 2000. Como problemas jurídicos, el Tribunal constitucional debía resolver (i) si el literal c) del artículo 4º acusado, desconoce los derechos a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad, al supeditar el ingreso a la carrera como soldado profesional, a que la persona no se encuentre casada, en unión marital de hecho o tenga hijos; y (ii) si los artículos 8º, literal a), numeral 2 y 10º demandados, vulneran los derechos a la igualdad y a la estabilidad laboral, al autorizar el retiro de los soldados profesionales que sufran una disminución en su capacidad y aptitud psicofísica.

Para dar solución a lo anterior, la Corte abordó el análisis de: (a) el régimen de carrera y estatuto personal de los soldados profesionales de las Fuerzas Militares; (b) el derecho de toda persona a escoger su estado civil, la libertad para contraer matrimonio u optar por la unión marital de hecho y el derecho a decidir sobre la procreación; y (c) el derecho a la igualdad, a la protección especial de las personas en condición de discapacidad y el principio de integración laboral.

A partir de lo anterior, la Corte encontró en primer lugar, que el literal c) del artículo 4º del Decreto Ley 1793 de 2000 es inconstitucional, ya que si bien la norma tiene un fin legítimo, imperioso e importante, la medida adoptada no es adecuada, necesaria, ni proporcional, pues quebranta el derecho de las personas a conformar una familia, por la decisión libre de contraer matrimonio o la voluntad responsable de conformarla, y de elegir libre y responsablemente si se quiere o no tener hijos, el número de ellos y la periodicidad entre los mismos. En segundo lugar, para la Corte, el ordinal 2o. del literal a) del artículo 8º y el artículo 10º del Decreto Ley 1793 de 2000, son exequibles siempre y cuando se entienda que el retiro por disminución de la capacidad psicofísica de los soldados profesionales del Ejército Nacional sólo procede cuando el concepto de la Junta Médico Laboral sobre reubicación no sea favorable y sus capacidades no puedan ser aprovechadas en otras actividades.

Lo anterior, porque si bien estas normas tienen un fin legítimo, imperioso e importante, es claro que el medio adoptado por el Legislador, en cuanto excluye a determinadas personas por su condición psicofísica, por ese sólo hecho, resulta ser discriminatorio y el más gravoso para lograr el fin propuesto.